abril 18, 2018
La Gaceta, Diario Oficial publica las reformas al INSS. Grupo…
En el Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua, creemos que la memoria es una herramienta esencial para alcanzar la justicia y la reconciliación.
Preservar y difundir la memoria histórica es crucial para honrar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y asegurar que sus historias no se pierdan en el olvido.
Nuestro objetivo es promover la justicia y la reparación para las víctimas, mediante una rigurosa documentación de los hechos, la denuncia pública de las injusticias y la educación de la sociedad.
Trabajamos incansablemente para generar conciencia sobre la situación en Nicaragua, fomentando una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.
Entre el 18 de abril del 2018 y el 20 agosto de 2019- 341 personas murieron en jornadas de protesta nacional y enfrentamientos en varias ciudades del país.
Hubo días donde la violencia arrebató más vidas, tal y como muestra este «Mapa de calor» donde cada punto representa a un fallecido. Los puntos muestran los nombres de las víctimas por día en cada mes.
Haga clic sobre cada punto para conocer detalles de nombre, causa de muerte, lugar y edad de cada víctima. Puedes poner pausa a la línea de tiempo y hacer zoom para navegar en el mapa.
Desde 2018, Nicaragua ha sido testigo de una serie de graves violaciones de los derechos humanos, documentadas de manera exhaustiva por el Observatorio de Derechos Humanos, Colectivo Nicaragua Nunca +, CIDH, GHREN de Naciones Unidas, así como otras organizaciones a nivel internacional y nacional.
Este gráfico ilustra tres de las violaciones más alarmantes: asesinatos, presos políticos y casos de tortura, destacando la situación crítica de derechos humanos en el país.
➡️ 3,060 ONG nacionales / 322 ONG internacionales
➡️ Entidad responsable de cerrar las autoridades
➡️ Temas de trabajo de las organizaciones
➡️ 3,060 ONG nacionales / 322 ONG internacionales
Los abusos de los derechos humanos son cometidos por diversas instituciones estatales y grupos a fines al Gobierno de Ortega. Esta gráfica indica quiénes son los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
El uso de la fuerza letal por parte de la policía y el ejército muestra la grave implicación del estado en la violación sistemática de los derechos humanos. Además, la cooperación y la impunidad con la que operan los grupos paramilitares destacan la colusión entre el gobierno y estos actores para suprimir la disidencia.
Accede a nuestros informes y mantente informado sobre las últimas investigaciones y análisis de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Desde 2018, al menos 263 periodistas han sido forzados a salir de Nicaragua, según informes de FLED (Fundación para la libertad de expresión y Democracia).
Esta cifra destaca la severa represión y las amenazas que enfrentan los profesionales de la comunicación en el país, poniendo en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información.
La autonomía de las universidades, que es fundamental para su capacidad de gestionar sus propios asuntos académicos y administrativos sin interferencia externa, se ve gravemente comprometida. Esto afecta la capacidad de las universidades para tomar decisiones independientes y mantener su integridad académica.
La confiscación puede ser vista como un intento de controlar o limitar la libertad académica y de expresión dentro de las instituciones educativas. Los profesores, estudiantes y personal pueden sentirse coaccionados a adherirse a una línea oficial impuesta por el gobierno, limitando así el debate y la investigación crítica.
La intervención gubernamental puede afectar negativamente la calidad educativa al distraer recursos y atención de los objetivos académicos hacia la gestión y los requisitos impuestos externamente. Esto puede llevar a una disminución en los estándares educativos y de investigación.
La intervención estatal en las universidades puede desalentar la inversión extranjera y la cooperación académica internacional, ya que las instituciones afectadas pueden ser vistas como menos confiables o menos autónomas en la gestión de proyectos y colaboraciones internacionales.
La confiscación de universidades puede erosionar la confianza pública en el sistema educativo nacional, ya que los ciudadanos y la comunidad internacional pueden percibir que las decisiones gubernamentales ponen en riesgo la integridad y la independencia del sistema educativo.
La intervención estatal no solo compromete la autonomía universitaria y la libertad de expresión, sino que también afecta la calidad educativa y desincentiva la inversión y cooperación internacional.
Este ataque a las instituciones educativas erosiona la confianza pública en el sistema educativo y representa una amenaza significativa para el futuro académico y democrático del país. Aquí detallamos las implicaciones y consecuencias de estas acciones gubernamentales.
La represión y la falta de libertad académica llevan a una «fuga de cerebros», donde los académicos y estudiantes talentosos emigran en busca de mejores oportunidades.
Esto priva al país de su capital humano más valioso, afectando negativamente su desarrollo económico y social.
En abril de 2018 se inició una profunda crisis sociopolítica en Nicaragua con masivas protestas que dejaron al menos 355 personas muertas, miles de heridas, detenidas y hasta ahora, más de 800 mil personas exiliadas.
El rol de la iglesia católica ha sido fundamental en la crisis de vulneración de derechos humanos que enfrenta Nicaragua y como consecuencia; el régimen Ortega-Murillo inició una persecución indiscriminada en contra de obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas, grupos laicales y hacia todo lo que tenga relación directa o indirecta con la iglesia católica.
Desde el 2019 a la actualidad, el «Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más» ha documentado 158 testimonios de víctimas de torturas y malos tratos, representando a 28 mujeres, incluyendo una mujer transexual, y 130 hombres respectivamente. El informe proporciona un contexto general sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en una temporalidad de 5 años, desde el 18 de abril de 2018.
El informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) de 2023, detalla más de 585 denuncias que involucran amenazas, actos intimidación y casos judiciales falsos contra defensores comunitarios, en los que se les acusa de la venta de tierras, con lo cual el Estado traslada su responsabilidad en la falta de protección de los derechos territoriales, argumentando…
La colaboración con estas organizaciones fortalece nuestras capacidades y amplía el impacto de nuestras acciones, asegurando un esfuerzo conjunto en la lucha por la justicia y la libertad.
Foundation for Development and Social Innovation es la impulsora del Observatorio de Derechos Humanos para Nicaragua, con el objetivo de preservar y promover la memoria histórica del país.
Reconociendo la importancia de recordar y documentar las violaciones de derechos humanos, esta iniciativa busca no solo dar voz a las víctimas y sobrevivientes, sino también educar a futuras generaciones sobre la importancia de la justicia y la verdad en la construcción de una sociedad más justa y libre.
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